----Bienvenidos---
INVESTIGACIÓN POR PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS A BANCOS CONTINÚA
Procompetencia se declara competente para conocer denuncia contra banqueros
Superintendente de Bancos litiga a favor de banqueros
Eloísa Ibarra A.
La Red Nacional de Defensa de los Consumidores confía en que el Presidente del Instituto Nacional de Promoción de la Competencia, Procompetencia, Luís Humberto Guzmán mantendrá su criterio expresado en la resolución interlocutoria en la que se declara competente para conocer la denuncia contra los banqueros por prácticas anticompetitivas en perjuicio de los usuarios de las tarjetas de crédito.
Guzmán emitió una resolución en la que rechaza las excepciones dilatorias presentadas por los bancos que integran el Sistema Financiero Nacional, excluido el Banco de Finanzas, en la que alegan incompetencia de Procompetencia para conocer la denuncia por prácticas anticompetitivas.
En la resolución se da por contestada la denuncia por parte de los bancos; se ordena continuar el curso de la investigación y se reconoce el derecho de los bancos y de la Asociación de Bancos Privados (ASOBANP) de apelar.
Jorge Eduardo Rooseess afirmó que esperan que Procompetencia rechace el recurso de apelación que seguramente presentarán los bancos, como tácticas dilatorias para alargar el proceso investigativo.
Los banqueros le pidieron a Procompetencia separarse de la denuncia de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores por ser incompetente y por estar regulados por la Supeintendencia de Bancos.
Sin embargo, Roossess recordó que la Superintendencia no regula las tarjetas de crédito y que el propio Superintendente de Bancos, ha afirmado que el mercado de tarjetas de crédito no está regulado y se maneja con las reglas del libre mercado, con un interés fijado entre las partes. “Durante años la Superintendencia ha omitido regular el comportamiento irresponsable y abusivo por parte de las entidades, en cuanto a fijación de intereses”.
Indicó que la Superintendencia anunció una investigación sobre las prácticas colusorias, ilegales e ilegítimas de los bancos, cuando eso es facultad de Procompetencia, que de acuerdo a la Ley 601 le corresponde investigar a los agentes económicos que vulneren el mercado.
La Red Nacional de Defensa de los Consumidores, señaló a Superintendencia de Bancos de Nicaragua (SIBOIF), de actuar en “complicidad” con las instituciones financieras para ocultar prácticas anticompetitivas que perjudican a quienes solicitan tarjetas de crédito.
A criterio de Rooseess, la SIBOIF, trata de evitar que los bancos enfrenten el proceso administrativo, que podría culminar en una fuerte sanción y protagonizar un “histórico precedente en el ámbito jurídico administrativo”.
El Instituto de Competencia admitió para su tramitación la denuncia presentada por la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC), en contra el Sistema Financiero Nacional de Nicaragua y la Asociación de Bancos de Nicaragua (ASOBANP) por causar un daño de más de cien millones de dólares a miles de tarjetahabientes al coludirse para fijar una tasa de interés abusiva.
De acuerdo a la Ley 601, Ley de Promoción de Competencia, las infracciones a los preceptos de la presente Ley y demás disposiciones derivados de ella, serán sancionadas de forma individual o combinada cuando corresponda, de la siguiente manera:
a) Por incurrir en las prácticas contempladas en la prohibición general y entre agentes
económicos competidores, de cien salarios mínimos hasta un máximo de diez mil
quinientos salarios mínimos.
En el caso infracciones que a juicio de PROCOMPETENCIA, revistan de gravedad
particular, podrá imponer como sanción una multa equivalente de un mínimo de uno (1%)hasta un máximo de diez por ciento (10%) de las ventas netas anuales obtenidas por el infractor durante el ejercicio fiscal anterior.
ABUSO EN POSICIÓN DE DOMINIO
Usuarios indefensos ante Gas Natural
Falta de competencia perjudica a usuarios de energía
Daños y perjuicios no son atendidos
Eloísa Ibarra.
La última vez que Julio Rafael Hernández de once años, miró a su mamá y a su papá con vida, fue el 22 de mayo pasado. Ese día sus padres murieron electrocutados con un cable eléctrico que Unión Fenosa no llegó a reparar, aunque lo habían soSlicitado.
A las seis de la tarde de ese día, Julio Rafael, habitante del municipio de San Ramón, Matagalpa, salió de su casa a traer a unas compañeras de clases de su hermanita, para que practicaran una presentación cultural para el 30 de mayo, Día de las Madres.
Apenas había salido a la calle, cuando un alambre de energía eléctrica que estaba sobre un árbol le cayó encima. “El alambre estaba sobre la rama de un árbol de la calle y cuando iba pasando me cayó encima y me quede electrizado y comencé a gritar y dicen que mi papá salió corriendo, pero ya no recuerdo, y ahí nomas se electrizó, después llegó mi mamá para ayudarle a mi papá y también se electrizó, después llegaron los bomberos a quitarme y me trajeron al hospital”, recuerda Julio Rafael.
El Día de las Madres, Julio Rafael y sus hermanitos ya no tendrían a quien dedicarle el acto cultural y tampoco tendrían a su papá para que los acompañara.
Julio Rafael, es un niño, moreno, de estatura pequeña, pero con una gran fortaleza y muy seguro de lo que dice. “ Mi mamá, había reportado la caída del cable encima de la rama de un árbol y otra vecina también y nunca llegaron a componerlo”, expresa con dolor, a Correo para Ciegos, mientras recuerda lo ocurrido en los momentos más dolorosos de su corta vida.
Expresa que se siente un poco bien de salud, pero “Me duele que me quedé sin mamá y sin mi papá, porque la vida va a ser diferente, mis hermanitos están alegres porque yo estoy bien, pero tristes porque ya no tienen a mi papá y mi mamá, no tenemos a ninguno de los dos”, expresa con voz entrecortada.
Sin embargo, recobra ánimo para afirmar, “mi mamá tenía pagados los recibos de luz, no estamos pegados y ellos (Unión Fenosa) nunca llegaron a componer el alambre, reitera”.
Julio Rafael y sus hermanitos de trece, diez, cinco y dos años, son las últimas y quizá las más trágicas víctimas del incumplimiento de Unión Fenosa en la inversión, de acuerdo al contrato de concesión por 30 años.
Su vida y la de sus hermanitos ha cambiado por completo, comenzando porque ahora tienen que decidir con quien se quedaran a vivir y lo más triste, crecer sin ninguno de sus padres.
Carmen Mendiola, su mamá, era la encargada de repartir la comida del Programa Mundial de Alimentos PMA, en la comunidad y su papá, Julio Hernández, era agricultor.
Mientras Julio y sus hermanitos, han quedado vacíos literalmente, las autoridades de Gas Natural, mejor conocida por los nicaragüenses como Unión Fenosa, no reconocen su responsabilidad en la tragedia ocasionada a la humilde familia.
Desde el primer momento, los bomberos de San Ramón, establecieron que la muerte fue ocasionada por cables del tendido eléctrico, semanas más tarde el Instituto Nicaragüense de Energía INE realizó una inspección y recientemente confirmó con sus técnicos, la responsabilidad de Unión Fenosa, pero la empresa niega tener responsabilidad en el caso.
Jorge Katín, Director de Comunicación de Disnorte y Dissur, dijo que la empresa no puso el alambre eléctrico que estaba sobre un árbol en la calle y que al caer provocó la muerte de los padres del menor, pero si al final el INE, establece algún tipo de responsabilidad lo acatarán, como lo han hecho en otras ocasiones.
Katín dice que los accidentes suceden con cualquier empresa. El cliente tiene la obligación de reportarlo y la empresa de repararlo, hay un marco de operaciones para eso y si el INE determina que hay responsabilidad, la empresa tiene que responder de acuerdo a ello.
Santos Amador, de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores y quien atiende el caso, explicó que la resolución del INE es favorable a la familia, dice que la empresa distribuidora tiene la culpa y debe responder.
UNION FENOSA EN ABUSO DE LA POSICIÓN DE DOMINIO
Unión Fenosa, tiene el monopolio de la distribución eléctrica y por consiguiente a nadie que le haga competencia en el mercado y que le obligue a brindar un mejor servicio.
 El Presidente de Procompetencia, Luís Humberto Guzmán, recordó que Unión Fenosa es un monopolio y en todo caso la pregunta sería, si hay o no abuso en la posición monopólica que pueda afectar al destinatario final, el usuario del servicio de electricidad.
Indicó que hay tres agentes gubernamentales que tienen que ver con la regulación a Unión Fenosa, INE, el ente regulador, la Dirección de Defensa de los Consumidores del Mific y Procompetencia, los tres están encaminados a proteger los intereses de los consumidores, en última instancia.
Guzmán explicó que tratándose de un monopolio de esta índole las actuaciones generalmente están motivadas en consumidores individuales cuya ruta más expedita para proteger sus intereses es la defensa del consumidor que ha sido muy diligente.
Pero, por ser un proceso largo un consumidor se cansa, aunque hay mecanismos, en el caso de Unión Fenosa el camino más expedito es la Dirección de Defensa los Consumidores, indicó Guzmán, tras afirmar que los organismos de defensa de los consumidores tienen posibilidad de presentar denuncias.
“Ese es otro ángulo, no se trata sólo de que los consumidores hagan manifestaciones y den declaraciones sino que tienen la posibilidad de abrir procesos legales, como organización, la Ley se los permite”, afirmó Guzmán., tras declinar hacer mayores comentarios en relación a Unión Fenosa, porque Procompetencia realiza una investigación para conocer cómo se encuentra el mercado nicaragüense, en cuanto a competencia sana.
Indira León, Directora de Planificación de Ingresos y Regulación de Disnorte Dissur, dijo que son un monopolio natural con áreas de concesión geográficas determinadas, donde el proveedor tiene una red de distribución para servir a toda el área de concesión y no hay otra porque para ello sería necesario otras redes y pagar dos ve ces por ellas.
Aunque reconoce que el territorio podría dividirse, justifica que, cuando se privatizó disnorte y dissur, tenían unos 200 mil clientes una y la otra unos 225 mil clientes y no era atractivo para los inversionistas por ser un mercado muy pequeño, entonces “las empresas de Unión Fenosa pidieron al Estado que les otorgasen la concesión de las dos distribuidoras para hacerlo más atractivo”.
 Además, agregó Katín, no hubo nadie más que se interesara porque en aquel momento eran 425 mil clientes y para una empresa que viene a comprar no le representa mucho invertir en esa cantidad de clientes, mientras que en éste momento hay 750 mil clientes.
El precio al que se compró es el que estableció el Estado, de acuerdo a una empresa que vino a evaluar y la valoró entre 100 y 115 millones de dólares y la distribuidora pagó 115 millones, el precio máximo de lo que dijo la empresa que contrató el gobierno, indicó Katín.
Según León, para no abusar de su posición de dominio, existe un ente regulador que dice cuánto cobrar, cómo cobrar, la calidad, todo esta normado por ley y no se pueden salir de ahí. Si te dice que del total de luminarias instaladas no pueden estar en mal estado más del tres por ciento, si te dice que a un cliente no se le puede ir la luz más de 50 veces al año porque te multan, hay que cumplirlo o te multan.
ENTES REGULADORES NO CUMPLEN SU FUNCIÓN
Marvin Pomares, Presidente del Instituto Nacional de Defensa de los Consumidores, considera que en Nicaragua los consumidores están desprotegidos porque los entes reguladores no cumplen su función.
Ejemplificó que INE, recibe el uno por ciento de cada factura de energía y existen 725 mil usuarios y entre más elevada salga la factura más le queda, entonces se convierte en juez y parte y si comienzan a sacar resoluciones a favor de los usuarios, las ganancias se van.
Pomares considera que lo idóneo sería que ese uno por ciento lo reciba hacienda y le pase un presupuesto a INE, como ente regulador, porque de esa manera cumpliría mejor su función, ya que actualmente sólo dice NO HA LUGAR a los reclamos de los usuarios.
Sin embargo, a diario llegan entre 50 y 55 usuarios a quejarse por facturas alteradas y han hablado con la empresa y dicen que van a revisar y de ahí no pasan. “Les hemos dicho que no jueguen con el pueblo nicaragüense que les puede pasar lo que en República Dominicana, Brasil y Argentina. Pueden aguantar, pero las cosas pueden cambiar”.
Recordó que en noviembre el gobierno consiguió 20 millones de dólares para congelar la tarifa por seis meses, y se ha venido aumentando ilegalmente, hasta duplicarla.
Josefa Acevedo Torres, vive en el barrio San Judas y llegó al Instituto Nacional de Defensa de los Consumidores a presentar una denuncia por alteración en la tarifa, pues le pasó de 300 a 620 córdobas de un mes a otro, teniendo el consumo habitual.
Acevedo dijo que no esta dispuesta a pagar el doble si tiene los mismos artefactos eléctricos y en la casa no hay nadie más. Como ella, diario se presentan decenas de personas a los organismos de defensa de los consumidores en busca de una respuesta ante los abusos de Unión Fenosa.
Pomares, considera que Procompetencia debería de estar haciendo algo, pero el problema central es que todo esta politizado y hasta el día que eso pase a segundo plano, el problema económico social estará en primer lugar.
Afirmó que Gas Natural está violentando los derechos de los usuarios, por ejemplo, el contrato es individual y cortan el servicio por barrio entero, porque aunque la empresa debería de poner transformadores pequeños, para determinada cantidad de usuarios, como hicieron en Argentina, para controlar el robo de energía, no lo hacen porque significa inversión y prefieren recurrir a la Ley contra el Fraude, con cuya reforma, establecida en el Protocolo de Entendimiento, seguirán estafando.
Hizo ver que mientras Gas Natural cuenta ahora con la reforma a la ley contra el robo de energía, el trasfondo es ver porqué una persona esta pegada ya que uno de los requisitos para instalar la energía eléctrica es tener escritura de la propiedad, y si solicita el servicio y no se lo dan qué puede hacer.
Gas Natural, agregó, hubiese legalizado, para que la gente pague. La Ley no es mala, pero con el procedimiento que implementan violentaran la ley, porque una vez que encuentran a alguien sustrayendo energía, si tiene una grabadora, Gas Natural dice que la usaba las 24 horas.
Los consumidores perdieron a la Dirección de Defensa del Consumidor del Mific, como instancia de reclamo, contra Gas Natural. “La gente ya no puede presentar reclamo ahí porque la Corte Suprema falló a favor de un recurso de amparo que llevó Noel Vidaurre y era la única instancia que sacaba las resoluciones a favor de los consumidores”, indicó Pomares.
Ahora ya no tiene facultad y así van a quitar la facultad del agua, la telefonía y el medicamento, en vez de consolidar los órganos de defensa de los consumidores los despojan y dejan indefensos a los consumidores, afirmó.
Pomares considera que los nicaragüenses están en pañales en cuanto a reclamar sus derechos y aunque existe la ley 182 de defensa de los consumidores desde hace 16 años sólo el uno por ciento de la población la conoce.
Gas natural tiene un contrato con el gobierno de permanecer 30 años en el país y lleva ocho años y la gente desconoce el plan de inversión, nadie sabe cómo, cuándo y dónde va a invertir.
QUEREMOS LLEGAR CON SOPORTE A PROCOMPETENCIA
La Red de Defensa de los Consumidores dice que a ellos no les interesa llevar un caso a Procompetencia por llevarlo. Estamos trabajando con Procompetencia, pero como una institución dedicada a la protección de los usuarios no queremos cometer la impertinencia de que sólo sea para llamar a los medios o por salir un día en la televisión, dice Osmán Guadamuz, asesor jurídico de la Red.
Tiene que dar un resultado positivo en aras de un trabajo profesional que traiga un beneficio palpable y verificable. Hemos contemplado la posibilidad de llevar los casos más allá, en Procompetencia y la ley de promoción de la competencia, dice que solo pueden ser las empresas y las asociaciones de consumidores, como sujetos de interés social, indicó.
|